i JEFE TEN CUIDADO CON LO QUE FIRMAS !

Juan Carbajal

About Juan Carbajal

Bombero por vocación, Abogado de profesión y analista por diversión.

Leer las letras chiquitas de cualquier contrato no esta en la cultura jurídica de la mayoría de nosotros los mexicanos, ver tantas cláusulas escritas con diminutas letras es parte del juego voraz de muchas empresas cuya intención es sorprender al usuario o consumidor de un producto o servicio. Ya sea por no tener el hábito de la lectura, por pereza o exceso de confianza muchos documentos de carácter jurídico como son los contratos o pagares son firmados a diario por millones de personas; negocios que suelen costar muy caro a la parte más débil participante. De ahí que conozcamos siempre de algún familiar, amigo o conocido que perdió su patrimonio o terminaron demandados por no cumplir lo que firmaron en el contrato. Uno de mis maestros de la carrera de derecho recuerdo que me dijo en una ocasión: – “Las letras grandes son de Dios, las chiquitas son del diablo. “

Pero, ¿qué hay de aquellos documentos oficiales que se firman en una oficina de algún Cuerpo de Bomberos u oficina de Protección Civil? Documentos que parecen tener un alcance jurídico limitado de mero trámite administrativo, pero que en un momento determinado son claves para sostener una queja administrativa, una demanda civil o incluso una acusación de carácter penal. Dictámenes de seguridad, Inspecciones, investigaciones, o vistos buenos; han sido usados como pruebas en contra de quienes firman los documentos, cuando de esos documentos sustenta una inobservancia de la ley o del reglamento en la materia de seguridad civil.

Tomemos como ejemplo para su análisis un caso reciente que aun esta por resolverse ante las autoridades jurisdiccionales del Estado de Chihuahua; un trágico accidente ocurrido el 5 de octubre del 2013 en un espectáculo de exhibición de automóviles denominado “Demolition Show 2013”, el cual se llevó a cabo dentro del marco de las actividades del “Extremo Aero Show 2013” en el parque metropolitano el Rejón, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; en dicho siniestro el conductor de una camioneta de las conocidas como “Monster Truck” perdió el control, por lo que el vehículo se impactó y arrolló a varios espectadores, teniendo como consecuencia que 9 personas perdieran la vida y 58 resultaran lesionadas.

Una tragedia que enluto nueve hogares y dejo con serias secuelas de salud a los sobrevivientes del fatal accidente. Como tal, éste pudo haberse prevenido pues existían los marcos normativos suficientes para regular la seguridad del evento, sin embargo las autoridades municipales omitieron cumplir con sus obligaciones de cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, Leyes Federales y locales,  y sus respectivos reglamentos; y ahora con las recientes reformas constitucionales observar el respeto los derechos humanos.

Muchos de los bomberos, sean Jefes, Oficiales o de tropa, tienen la falsa creencia de que como son bomberos les asiste una especie de protección de “fuero”, es decir, que por el simple hecho de ser bomberos están exentos de la aplicación de la ley. Sin embargo la realidad es otra; por el solo hecho de dedicarse al servicio público y por recibir un pago procedente del erario público, se cae en el supuesto que la ley contempla respecto a los servidores públicos. En este sentido el servidor público en ejercicio de sus funciones, derivado de sus actos u omisiones es responsable por violaciones a diversas disposiciones que norma su actuación como autoridad.

Así pues, en el caso del accidente ocurrido en el Estado de Chihuahua, mismo que fue analizado por la Comisión de Derechos Humanos, se destaca la probable responsabilidad de dos servidores públicos; el Subdirector del H. Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil y el Coordinador Operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil. A estos dos servidores públicos y según el informe de la CNDH se les ha vinculado a proceso penal por los delitos de  homicidio, lesiones y daños imprudenciales; a demás por ser servidores públicos también se les acusa del delito de ejercicio ilegal del servicio público. Y por si fuera poco, la misma CNDH solicita se les inicie procedimientos administrativos derivados de la responsabilidad de omitir cumplir con las responsabilidades señaladas en la Ley Estatal de Protección Civil y su reglamento municipal.

La CNDH es clara al precisar que se violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de todas las víctimas, a la protección a la vida de las 9 víctimas mortales y a la integridad y seguridad personal en perjuicio de todas las víctimas sobrevivientes, por hechos consistentes en omitir prestar el servicio público adecuadamente, atribuibles a todos los servidores públicos ya señalados.

Al omitir cumplir con las leyes de Protección Civil y su Reglamento para implementar las medidas suficientes que garantizaran la seguridad del evento y de los espectadores, el Subdirector de Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil  y el Coordinador Operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil, no realizaron las inspecciones técnicas suficientes para verificar que el lugar y los vehículos que se utilizarían para dicho espectáculo contaran con todas las medidas de seguridad. Lo anterior queda de manifiesto en las constancias del proceso que señalan inclusive que el visto bueno para realizar el evento masivo, fue meramente administrativo sin verificar físicamente el lugar ni las instalaciones.
Es política de los  Cuerpos de Bomberos o de las Unidades de Protección Civil, que el titular de la dependencia firme los documentos oficiales que conllevan una responsabilidad institucional y como servidor público; muchas veces estos documentos se firman sin revisar su contenido, confiando en el trabajo realizado por los subordinados como los inspectores, investigadores, asistentes y secretarias. Documentos de diario que se firman por costumbre administrativa, pueden poner término a una carrera bomberil, o en el peor de los casos  ser privado de la libertad por una autoridad judicial, con las consecuencias de perdida de la reputación social y afectaciones familiares secundarias.

 

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